Recién inaugurado el otoño, las clases comenzaron en los colegios asturianos hace casi un mes y la rutina se va instalando en niños, familias y profesores. Más allá de las dinámicas de trabajo propias de cada centro, los objetivos curriculares, los mil criterios de calificación de la LOMLOE o la incertidumbre de la PAU, la escuela católica se encuentra navegando entre diferentes retos que suben de nivel un poco más cada año, entre la demografía, la asfixia económica y de personal.
Así lo ve el Presidente de Escuelas Católicas de Asturias, el misionero claretiano P. Simón Cortina Hevia, quien reconoce que los retos de este curso son casi los mismos de los de años anteriores, en una situación donde los problemas que acechan a la escuela concertada se encuentran en una situación de estancamiento en bucle. «Un reto importante que tenemos sigue siendo la defensa de la complementariedad de ambas redes: los centros de titularidad pública y los centros concertados de iniciativa social, como somos los centros religiosos, y seguir defendiendo, aunque parezca mentira que aún lo haya que hacer, el derecho que tienen las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. A algunos parece que se les olvida –afirma el Presidente en Asturias de Escuelas Católicas– que la educación concertada permite hacer posible la libertad de elección del tipo de educación y de centro educativo que tienen los padres para sus hijos, reconocida por la Constitución, y permite que esa libertad pueda ser ejercida por familias cuyos recursos económicos no hace posible que sus hijos puedan acudir una escuela privada».
Escuelas Católicas en Asturias representa a un total de 56 colegios en todo el territorio y a casi 30.000 alumnos. Esto supone que el 30% del alumnado no universitario de Asturias se encuentra estudiando en centros concertados religiosos. Una cifra importante y, sin embargo, a pesar de la «buena relación» que mantienen con la Consejería de Educación del Principado, no se consiguen avances en las «reivindicaciones históricas» que tiene la concertada. «Recientemente –afirma Simón Cortina– la Patronal, la Consejería y Sindicatos de la concertada hemos firmado un acuerdo de mantenimiento de empleo y de la mejora de la calidad educativa. Lo hemos firmado porque había que hacerlo, pero es claramente insuficiente y apenas hay avances en la negociación respecto al anterior acuerdo firmado en 2017. Parece como si todo el dinero fuera para el famoso proyecto de las «Escuelinas de 0 a 3″, del que se ha excluido, por cierto, a la concertada y también para aplacar todas las reivindicaciones que los sindicatos de la educación pública llevan adelante».
Junto a todo esto, se junta el problema de la demografía en la región. Una situación «dramática», como define el Presidente de Escuelas Católicas en Asturias, que explica que «en los últimos 10 años han nacido un 40% de niños menos. El número de niños a escolarizar en el 2025, es decir, en el curso próximo, es aún menor que los que se han escolarizado en este curso», afirma. «Lógicamente si no hay niños se tienen que cerrar aulas y eso no es una buena noticia, tanto si se cierran en un centro de titularidad pública como si lo hacen en un centro de titularidad concertada. Es una realidad que afecta a ambas redes –afirma Simón Cortina–, sin embargo reconocemos que en la concertada nos lo ponen más difícil que en la pública, porque, si bien en ocasiones el cierre es claro –si no hay niños es evidente que no puede haber aulas–, hay situaciones en las que el cierre podría ser más dialogado, más discutible y cabría poder salvar algún aula en atención a excepciones fundadas. Estoy hablando de lugares muy concretos como las Cuencas o las alas, donde estamos en Navia, en Luarca, en Ribadesella, por ejemplo, pero no encontramos la receptividad que pedimos o deseamos por parte de los responsables de la Consejería».
Entre esas «reivindicaciones históricas» de la concertada se encuentra la asignación de recursos que hace el Estado a los centros concertados. «En Escuelas Católicas –explica el padre Simón Cortina– facilitamos un dato obtenido con los informes del Ministerio de Educación, que establece que, a nivel nacional, un puesto escolar en un centro concertado cuesta 3.000 euros, mientras que el mismo puesto escolar, pero en un centro de titularidad pública, son 6.000 euros, con lo cual estamos hablando del doble. No es un argumento que a mí me guste sostener o mantener –reconoce–, porque entiendo que la razón de ser de la concertada no es que les salgamos baratos al gobierno, sino que la razón de ser es la propia identidad del centro y el derecho que las familias tienen a elegir nuestros centros, pero este es un dato económico que hace ver que no estamos en igualdad de condiciones», afirma, añadiendo que, en Asturias, además, «la ratio de profesorado, es decir, la relación entre el número de alumnos y el número de profesores que hay en los centros concertados de nuestra región, es la más escasa de España, con gran diferencia respecto a otras comunidades autónomas».
«Con frecuencia se oye decir también que en la concertada seleccionamos los alumnos –recalca además–, pues nada de eso. Somos centros sostenidos con fondos públicos y no podemos elegir los alumnos, es decir, no queremos hacerlo por ideario, lo primero y fundamental, y no lo podemos hacer por ley, en el caso de que quisiéramos. Lo único que sí pedimos, a la hora de escolarizar a los alumnos que nos llegan, es tener recursos para poder atenderlos debidamente como se merecen».
Y por tocar alguno más de los temas recurrentes que suelen repetirse como un mantra en torno a la escuela concertada, queda recordar el asunto de los donativos periódicos que se aportan a los colegios católicos, un tema «que cada cierto tiempo sacan algunos en los medios de comunicación social, en momentos que ellos consideran que les interesa, como puede ser cuando se acerca el periodo de solicitud de admisiones», afirma el padre Simón. Aquí el Presidente de Escuelas Católicas en Asturias es claro: «la donación, si es donación y es voluntaria, es legal y además es desgravable fiscalmente. Si en lugar de una donación fuera un pago obligatorio vinculado a la prestación de un servicio educativo, en ese caso siempre decimos desde Escuelas Católicas es que se denuncie esa situación, que se denuncie al centro ante la Consejería de Educación y quien lo haga mal pues que sea responsable y asuma las consecuencias de no haberlo hecho bien. Pero ¿por qué no lo hacen? –se pregunta–, pues porque no es cierto. Interesa sacar esto –recalca– para desprestigiar a la enseñanza concertada. Es una situación interesada pero que esconde un problema muy serio que amenaza, y esto es muy importante, a la supervivencia de los centros religiosos concertados porque estamos hablando en el fondo de la infra-financiación: hay una asfixia económica, sobre todo en aquellos centros más pequeñitos, que no se ve compensado económicamente como debiera por los módulos que aprueba el gobierno central y que el gobierno autonómico podría mejorar. De hecho, en los últimos 30 años hay un desfase del 34% respecto del IPC. Es decir, ese capítulo de otros gastos, gastos de funcionamiento con los que se paga la electricidad, el agua, el gas, el personal de limpieza, el personal no docente, las reformas de los edificios, el mantenimiento, la tecnología, etc. estamos desfasados un 34% respecto de lo que era hace 25-30 años. Esto se lo hemos trasladado al Gobierno de Asturias, porque hay algunos gobiernos autónomos que mejoran ese módulo económico que aparece nuevamente aprobado en la ley general de presupuestos, pero no hemos encontrado la receptividad que sería deseable».
Dicho todo esto, desde Escuelas Católicas tienen una mirada positiva y esperanzadora ante la realidad, puesto que los padres siguen confiando en la educación concertada para sus hijos. Por muchos motivos, desde el hecho propiamente de buscar un centro con carácter religioso para sus hijos, buscando un humanismo cristiano, como también una calidad educativa y una atención personal diferente, o mismamente también buscando la proximidad al domicilio. «Sea como sea, en nuestra mano está esa labor de evangelización con el alumnado y con las familias», afirma el religioso. «Lo importante es que los padres los traen a nuestros colegios. Y lo hacen sin oposición al ideario, porque podrían hacer uso de otras opciones en esta sociedad plural en la que vivimos, y sin embargo, los traen. Aprovechemos la oportunidad, tengamos una identidad clara y definida, un proyecto educativo cristiano que pase por ofrecer una formación integral que busque educar personas creyentes, que se sientan parte activa de la iglesia y que en un futuro puedan contribuir desde su vocación cristiana a transformar la sociedad según el plan de Dios», reconoce. «Creo que eso es lo que nos diferencia de un colegio de titularidad pública».